La Defensoría del Pueblo alerta sobre el aumento de la presencia e injerencia de las Autodefensas Gaitanistas, el ELN, la Segunda Marquetalia y otras bandas criminales en el territorio nacional.
La situación de seguridad en Colombia se ha deteriorado en el último año. Así lo revela el informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Según este documento, los grupos armados ilegales han extendido su presencia e injerencia en 184 municipios más en 2023, en comparación con el 2022.
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Entre los grupos que más han aumentado su accionar delictivo se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Este grupo paramilitar pasó de tener presencia en 253 municipios en el 2022 a 392 en el 2023, en 24 departamentos del país.
Otro grupo que ha incrementado su influencia es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua y activa de Colombia. El ELN tenía injerencia en 189 municipios en el 2022, pero en el 2023 su presencia se extendió a 231, en 19 departamentos.
Asimismo, los grupos disidentes de las Farc, como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, también han ampliado su radio de acción. Estos grupos operaban en 230 municipios en el 2022, y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299, en 19 y 15 departamentos respectivamente.
Finalmente, las estructuras del crimen organizado, como Los Caparros, Los Pelusos y Los Rastrojos, también han expandido su dominio territorial. Estas bandas hacían presencia en 141 municipios hace dos años, pero en el 2023 su presencia se amplió a 184, en 22 departamentos.
La respuesta del Gobierno es insuficiente
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda las recomendaciones del SAT y recupere la seguridad en todo el territorio nacional. Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, de 205 informes de seguimiento emitidos por el SAT, solo en el 1% se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado. En el 65% de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32%, el escenario de riesgo aún se mantiene.
“Las entidades del Gobierno Nacional deben responder de manera preventiva y proactiva al aumento de las conductas vulneratorias de derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, y recuperar, con el concurso de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad en todo el territorio nacional, aspecto fundamental que también contribuye a la consolidación de la paz”, enfatiza el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis también afirma que la paz debe tener reglas claras y que no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como ha venido ocurriendo con el ELN, que pese a haber pactado un cese al fuego bilateral con el Gobierno, ha continuado con sus acciones violentas contra la población civil y las fuerzas del orden.
“Los grupos armados ilegales le están haciendo pistola al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos. Contrario a ello, lo que deben hacer es cumplir lo pactado”, concluye el Defensor del Pueblo.
