El Gobierno propone reducir los impuestos a las empresas y aumentarlos a las personas naturales.
El Gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria que busca corregir los vacíos de la anterior, que fue parcialmente revocada por la Corte Constitucional.
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La propuesta, que se encuentra en discusión con los sectores productivos y sociales, plantea una reducción de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo del 35% al 30%, lo que implicaría una disminución de la recaudación de $10 billones.
Para compensar este déficit, el Gobierno propone aumentar los impuestos a las personas naturales, especialmente a los profesionales que devenguen más de $10 millones mensuales. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta medida busca mejorar la equidad y la progresividad del sistema tributario, que actualmente favorece a las empresas y a los sectores de altos ingresos.
Sin embargo, esta propuesta ha generado críticas y rechazo por parte de algunos expertos y gremios, que consideran que afectará la economía y el empleo. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, escribió una columna para El País, en la que cuestiona la conveniencia y la coherencia de la reforma tributaria de Petro.
Echeverry señala que la reforma tributaria es similar a la que presentó Alberto Carrasquilla en 2021, que también proponía bajar los impuestos a las empresas y subirlos a las familias, y a la que Petro se opuso en su momento. Además, advierte que la reforma tributaria podría tener un efecto recesivo en la economía, al desincentivar el consumo y el ahorro de los profesionales.
Echeverry también critica que la reforma tributaria no tenga en cuenta las consecuencias para los sectores petrolero y minero, que son claves para la inversión y el desarrollo del país. Asimismo, cuestiona la necesidad de hacer una tercera reforma tributaria en cuatro años, lo que genera incertidumbre y desconfianza en los agentes económicos.
Finalmente, Echeverry propone otras alternativas para mejorar la situación fiscal del país, como optimizar el gasto público, reducir los subsidios a los combustibles fósiles, fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y ampliar la base tributaria.
