La justicia le negó los beneficios de la ley 975 de 2005 al excomandante del Bloque Resistencia Tayrona por violar los derechos de las víctimas de violencia sexual.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla decidió excluir del proceso especial de la Ley de Justicia y Paz a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o El Taladro, exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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La decisión se tomó por petición de un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, que demostró que el postulado incumplió los compromisos y los requisitos establecidos en la ley 975 de 2005.
La Fiscalía probó que alias El Patrón cometió delitos de violencia basada en género contra cuatro menores de edad, tres de las cuales fueron revictimizadas por el postulado.
Según la investigación, varias niñas fueron llevadas a las cárceles donde estuvo recluido Giraldo Serna en Barranquilla y Antioquia entre los años 2007 y 2008. Estos hechos son objeto de otras indagaciones en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos.
Giraldo Serna fue condenado el 18 de diciembre de 2018 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que lo encontró responsable de delitos como acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal abusivo, prostitución forzada o esclavitud sexual, desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, trata de personas y reclutamiento ilícito, entre otros.
En la sentencia, el tribunal resaltó la especial relevancia y prevalencia que tienen los derechos de las víctimas de violencia basada en género, ocurrida dentro del conflicto armado, por el grave e desproporcionado impacto que causa la revictimización a través del delito sexual.
En la actualidad, Hernán Giraldo Serna se encuentra recluido en la penitenciaría La Paz de Itagüí, Antioquia.
La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que lo excluye del proceso fue apelada por la defensa del postulado. La segunda instancia será resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
