Después de la inspección realizada por la Corte Constitucional a la Sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira, con el fin de verificar el cumplimiento de este fallo, los magistrados se pronunciaron y dijeron que encontraron serios problemas frente al cumplimiento de las órdenes estructurales contenidas en la sentencia.
El magistrado auxiliar comisionado y el equipo delegado, luego de verificadas las fuentes de agua, los lugares de alimentación y los centros de salud, y atendiendo a las circunstancias observadas, se generaron algunos compromisos entre la comunidad y la institucionalidad para atender las necesidades inmediatas de la población.
Entre las autoridades obligadas que participaron de los compromisos están ministerios, las entidades territoriales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y algunas empresas de salud y servicios públicos.
Según el informe de la Corte, después de esta visita, durante el recorrido por algunas zonas dispersas de La Guajira, el equipo observó de primera mano las necesidades de las comunidades wayuu, quienes aprovecharon la oportunidad para reclamar soluciones de fondo a la crisis humanitaria que afecta a la región.
Dentro de lo que se observó pudieron constatar las fallas en las soluciones hídricas que se han puesto en marcha para atender a las comunidades, como la poca frecuencia de los carros cisterna y el mal estado de pozos y jagüeyes.
Así mismo, se encontraron problemas en el suministro de alimentos y falta de atención por las entidades encargadas, como el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
Dice la Corte que, frente al tema de salud, sobresalió la ausencia de personal médico, equipos de salud insuficientes y en mal estado, falta de ambulancias e insuficientes medidas de atención extramural. Todo ello además permeado por la falta de vías adecuadas de acceso que faciliten el transporte y recorrido de la población por el territorio.
“Ante este panorama, se tomó nota de cada uno de los compromisos adquiridos por las entidades obligadas al cumplimiento de las órdenes y se dispuso la vigilancia de lo acordado por la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, al detectar algunas obras públicas abandonadas o en estado de deterioro se dispuso el dar traslado de lo constatado a la Contraloría General de la República, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades adelanten las investigaciones fiscales y disciplinarias a que hubiere lugar. Sobre estos temas la sala adoptará más adelante decisiones de fondo”, informó el alto tribunal.
Durante el recorrido, los magistrados se encontraron varios menores en estado de desnutrición y que fue aprovechada por algunas comunidades para alertar sobre el subregistro de los menores fallecidos por esta causa, y por eso se reveló la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares proferidas en el Auto 696 de 2021 y la urgencia de poner en marcha la Mesa Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEP), ya ordenada, con el fin de avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional.
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