Eso estableció la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), que explica cómo la violencia contra población civil es uno de los mayores retos para lograr la paz.
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) monitoreó las diferentes violencias contra la sociedad civil, las personas líderes sociales y ambientales, y en general contra la población colombiana, especialmente la que habita zonas rurales. El seguimiento de acciones armadas de guerrillas, GAO y estructuras armadas criminales nos demuestra que la mayor cantidad de hechos violatorios de DD.HH. contra población civil ocurre cuando más de un GAO entra en la disputa por el control de la población en un territorio y de porciones del mismo para ganar posición, ya sea ante otro grupo o ante el propio Estado.
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El posicionamiento de grupos armados en los últimos cuatro años tuvo una velocidad superior a años anteriores y se enfocó casi con exclusividad en el asesinato de líderes y lideresas sociales con agendas ambientales, de desarrollo o simplemente que se interponían en el control poblacional.
Durante los primeros 100 días del actual gobierno se presentó el pico de masacres más alto del año; también aumentó la cantidad de víctimas por hechos de masacre y de desplazamiento forzado en el país. El número de casos y de víctimas de confinamiento forzado disminuyó a nivel nacional, pero aumentó y se concentró en solamente tres departamentos, puntualmente en territorios habitados por poblaciones indígenas y afrocolombianas.
Las masacres han sido de las acciones que más afectan a las comunidades organizadas, organizaciones sociales, población racializada y sus liderazgos y jóvenes. Desde la posesión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, han ocurrido masacres en 14 de los 34 departamentos del país. Siendo este el hecho de violencia que se presenta en más regiones del territorio nacional.
Las zonas de frontera son las áreas más impactadas, por la relevancia del control de población en la frontera y por la facilidad para la instalación de la violencia organizada. En palabras de una lideresa social, solo hace falta un actor armado en el Cauca para parar cualquier proyecto de desarrollo desde las comunidades.
La población civil de los municipios más afectados por hechos de violencia armada ha acogido los esfuerzos del actual gobierno por desarrollar programas que puedan fortalecer la seguridad integral de los territorios, pero demanda pronunciamientos oficiales que reconozcan los hechos de violencia ocurridos en el trimestre.
Comportamiento de las masacres
Debido a que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un delito tipificado para masacre, el conteo de organismos de gobierno y de organizaciones de DDHH difiere. El informe Logros de la Política de Defensa y Seguridad, del Ministerio de Defensa –en cabeza entonces de Diego Molano–, da cuenta de 43 casos menos que los registrados por Pares para 2022. De acuerdo con las cifras registradas por Pares, desde el inicio de 2018 hasta junio de 2022 ocurrieron 106 hechos de masacre más que los presentados por MinDefensa. Para el primer bimestre de gestión, MinDefensa reporta 10 masacres, mientras que Pares registra 25 casos en el mismo período. Desde la posesión del presidente Gustavo Petro se han cometido 31 masacres.
Los departamentos más afectados por masacres durante el último trimestre del gobierno Duque fueron Cauca, Chocó y Valle del Cauca, siendo los más afectados los municipios en donde hacen presencia el Clan del Golfo, el ELN y GAPF o disidencias de las extintas FARC-EP. El Cauca se mantiene como el primero en número de casos, seguido por Atlántico y Bogotá.
Desplazamiento forzado, confinamiento violento y restricciones a la movilidad
De acuerdo con pueblos y comunidades que han sufrido confinamiento y desplazamiento forzado, estos son hechos victimizantes que generan afectaciones relacionadas con los derechos territoriales y son una forma de abandono .
Entre el 01 de mayo y el 27 de octubre de 2022, el departamento con mayor cantidad de personas afectadas por desplazamiento y confinamiento forzado fue Nariño, seguido por Chocó. También se presentaron estos hechos en los departamentos de Cauca, Arauca, Putumayo y Antioquia. Para otros departamentos se registraron hechos de desplazamiento y no de confinamiento; es el caso de Risaralda, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander. En el primer trimestre de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez la cantidad de eventos de desplazamiento forzado fue menor que para el último trimestre del gobierno de Iván Duque, pero la cantidad de víctimas fue mayor.
Colombia es uno de los países con mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado; el Registro Único de Víctimas reconoce a 9′361.995 personas con esta condición en el país. El desplazamiento y el confinamiento forzado, así como las masacres, son violencias que sufre la población civil en contextos de conflicto y, por ello, impactan de manera diferenciada a las distintas regiones y comunidades del país. Históricamente, las regiones mayormente impactadas han sido intervenidas por el Estado principalmente desde la acción militar; y han recibido poca inversión para la estabilidad social y las condiciones de vida digna en el largo plazo.
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Los casos de desplazamiento y confinamiento forzado registrados durante los primeros 100 días del gobierno Petro afectaron principalmente a pueblos indígenas y afrodescendientes en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. A su vez, Cauca fue el departamento con mayor cantidad de hechos y víctimas de masacres en este periodo. Esta victimización focalizada es continua, pues en 2021 estos mismos 3 departamentos concentraron el 67% de asesinatos a personas indígenas en el país.
Esto se alinea, a su vez, con el hallazgo de Global Witness sobre los asesinatos a defensores de derechos humanos y del ambiente en el mundo. De acuerdo con esta organización, más de un tercio de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes ; un dato alarmante al considerar que solo entre un 4.5% y un 6% de la población mundial es indígena.
En las zonas de mayor presencia de GAO, las violencias contra la población civil continúan. En las regiones fronterizas de Norte de Santander, Arauca y Nariño, las tensiones por el control territorial entre los GAO aumentan el riesgo de los y las habitantes a sufrir violaciones a los DDHH.
En estas regiones, la presencia de GAO ha implicado una presencia estatal parcial, marcada por la introducción permanente de fuerzas armadas. Las víctimas de los recientes hechos de desplazamiento en Teorama, Norte de Santander, han rechazado “la alta militarización de este territorio debido al aumento de casos de afectación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH) por parte de la tropa y/o de otros actores armados en el marco de permanentes confrontaciones, que mantienen en riesgo inminente la vida y goce pleno de los derechos de la población civil”.
Las comunidades más afectadas por la violencia han manifestado su voluntad para hacer parte de la construcción de la Paz Total, en articulación con los esfuerzos del actual gobierno. Esto ha sido explícito en escenarios territoriales como la minga cultural y política del Cauca, la instalación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) en varios municipios y la realización de los Diálogos Regionales Vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Esto de cara también a las posibles negociaciones entre el gobierno y el ELN y al sistema de justicia que deba construirse para que distintas Estructuras Armadas Ilegales (EAI) y GAO hagan parte del proyecto de Paz Total.
Un diagnóstico de la violencia en los últimos seis meses
Con el propósito de hacer un análisis del fenómeno actual de violencia letal contra líderes, lideresas sociales y personas en proceso de reincorporación, se tomará el último semestre como punto de partida que comprende los últimos tres meses del gobierno anterior y los tres primeros del entrante.
Un primer hallazgo es que el comportamiento de la violencia letal poco ha variado a pesar del anuncio de la Paz Total. Esto demuestra que los actores responsables de los asesinatos no han revaluado su conducta en el marco de los acercamientos de paz con el gobierno Petro, y en ningún momento ha sido una condición vinculante el hecho de frenar la violencia contra la sociedad civil.
En el periodo entre el 01 de mayo y el 31 de octubre se cometieron 89 asesinatos contra líderes y lideresas sociales. El mes con mayor cantidad de casos hasta ahora es mayo, con 18, seguido de febrero y octubre, con 17.
Contrario a lo esperado, octubre se establece como uno de los meses más violentos contra el movimiento social en lo que va del año. Por eso urge que la forma en la que se está construyendo la política de Paz Total condicione su implementación al cese de hostilidades contra la población civil y permita un alivio humanitario en las zonas más afectadas por la violencia.
El no insistir en ello puede aumentar los riesgos contra las organizaciones sociales, con un gobierno que negocia ceses bilaterales al tiempo que el grupo armado, por un lado, se acoge a la Paz Total y por el otro sigue asesinando personas defensoras de DDHH. Sobre esto, algunas ONG se apresuraron en comunicar que septiembre había sido el mes con menos violencia en el año a causa de la posesión y mandato de Gustavo Petro. Esto no solo resultó falso, sino que generó falsas expectativas que, como se verá, no están cerca de cumplirse.
El departamento del Cauca es el más afectado por asesinatos contra personas defensoras de DDHH. En el periodo analizado se cometieron 13 asesinatos en diez municipios. Santander de Quilichao, con cuatro casos, es el municipio más afectado a nivel nacional.
El segundo es Antioquia, con 11 asesinatos cometidos en nueve municipios. Ituango padece la mayor cantidad de casos, tres en total, todos presuntamente cometidos por el Clan del Golfo, del que se hablará a continuación.
El tercer departamento más afectado es el Valle del Cauca, con nueve casos, tres de ellos en la capital. Cali se configuró como uno de los lugares más peligrosos contra el movimiento sindical tras los asesinatos de Mauricio Fory Balanta y Misael Fernando Ávila en mayo de este año.
El cuarto departamento es Putumayo, con nueve casos. Allí, la violencia tiene como protagonistas a dos grupos armados post FARC: los Comandos Bolivarianos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez. Estos grupos, que se disputan el control territorial del Bajo y Medio Putumayo, han degradado la violencia contra la población civil, especialmente en Puerto Guzmán, con tres casos, y Puerto Leguízamo, con dos.
Como es de conocimiento desde algunos años, la violencia letal ha afectado especialmente a unos tipos de liderazgo por encima de otros. Los liderazgos comunales —es decir, de personas que integran las Juntas de Acción Comunal— han sido el foco de los asesinatos a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz. Asimismo, los liderazgos indígenas. En los últimos seis meses esta tendencia se ha mantenido, pero particularmente se evidencia un aumento significativo en la violencia contra líderes y lideresas afrodescendientes.
La violencia letal contra líderes y lideresas afro se ha concentrado en Nariño (cuatro casos), Cauca (tres casos), Valle del Cauca y Putumayo (un caso respectivamente).
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También llama la atención el aumento de violencias contra líderes y lideresas sindicales. Solo en Valle del Cauca se registraron tres asesinatos, seguido de Santander, con dos y Arauca, Guaviare y Norte de Santander con uno, respectivamente.
En los últimos seis meses, el Clan del Golfo ha sido el principal responsable identificado de asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Los 12 homicidios que se le atribuyen fueron cometidos principalmente en Antioquia (cinco casos), Santander (dos) y Bolívar (dos). Además, se registraron otros tres casos en Córdoba, Magdalena y Sucre, donde el Clan del Golfo sería el presunto responsable.
A este actor le sigue el universo de grupos post FARC o disidencias que hay en el país. Por lo menos doce asesinatos fueron perpetrados por estos grupos, especialmente en Putumayo (tres), Cauca (dos), Caquetá (dos) y Nariño (dos). Otros tres casos sucedieron en Arauca, Guaviare y Valle del Cauca. El grupo responsable de la mayor cantidad de asesinatos fue Comandos Bolivarianos de Frontera.
En dos casos sería la Policía Nacional responsable de los asesinatos: en el de Luis Antonio Tombé, líder indígena, asesinato ocurrido en Miranda (Cauca) cuando la Policía estaba conteniendo una protesta pacífica; y el de Alconides Vallejo, líder comunal, reportado como muerto en combate en Vegachí (Antioquia) en un confuso hecho que luego fue refutado por las organizaciones sociales.
La violencia contra personas en proceso de reincorporación
En los últimos seis meses fueron asesinadas 17 personas en proceso de reincorporación. El grueso de los casos ocurrió en julio, el mes más violento contra esta población en todo lo que va del año. Desde agosto hay una tendencia a la reducción que, de mantenerse, podría representar una esperanza para el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como un mensaje para todos los grupos armados en diálogos con el Gobierno Nacional.
La mayor cantidad de casos durante estos seis meses ocurrieron en Antioquia y Caquetá, con cuatro casos respectivamente. En Antioquia los municipios afectados fueron Bello, Campamento, Ituango y Urrao. En Caquetá fueron Florencia, La Montañita, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
El fenómeno de violencia contra firmantes de paz se perpetúa por el nivel de vulnerabilidad en que muchas personas quedaron tras el cese de apoyos técnicos, económicos y alimentarios por parte del Estado. Especialmente, en las regiones que hoy concentran nuevas formas de conflicto. No obstante, este fenómeno no se extiende geográficamente como sí ha ocurrido con la violencia contra líderes y lideresas sociales, por lo que allí el Gobierno Nacional tiene una oportunidad para responder oportunamente a los riesgos que afrontan las personas en proceso de reincorporación.
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