La deforestación ya ha cobrado 7.585 hectáreas, mientras que 117 personas han sido llevadas a la Justicia por delitos ambientales, informó la Fiscalía.
El organismo acusador también informó que, en lo que va de este año, han sido detenidas y judicializadas 117 personas por delitos ambientales en 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
En total, “21 de estos procedimientos, que dejan 55 judicializados, han estado dirigidos contra los depredadores de la Amazonía, las zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales”, indicó la información de la Fiscalía.
Al hacer referencia a la minería ilegal, informó que han desarrollado 21 operaciones, con 59 capturados, en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
“En este trabajo se ha perseguido el patrimonio de los involucrados en delitos ambientales. Hasta el momento, se han impuesto medidas con fines de extinción del derecho de dominio (expropiación) a bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares de hoy”, detalló la Fiscalía en su informe.
Uno de los más recientes golpes a la minería ilegal lo dieron las autoridades en Chocó, donde hombres supuestamente del Clan del Golfo explotaban oro en un río afluente del Atrato.
“Durante el procedimiento se constató un grave impacto sobre la fuente hídrica, producto del vertimiento de arsénico, mercurio, níquel y plomo, entre otros elementos tóxicos usados para obtener oro; así como la alteración del suelo y la destrucción de la vegetación con maquinaria pesada”, precisó la Fiscalía.
Ocho excavadoras y tres motores de succión fueron destruidos de manera controlada.
El Gobierno considera que la minería ilegal, así como el narcotráfico son dos delitos que alimentan a los grupos armados ilegales que atentan contra el medioambiente, asesinan líderes sociales y atacan a la fuerza pública, entre otros asuntos.
El río Atrato fue declarado por la Corte Constitucional como sujeto de especial protección, conservación, mantenimiento y restauración. Este tiene un curso de casi 720 kilómetros, 560 de los cuales son navegables para embarcaciones de hasta 200 toneladas, y desemboca en el Golfo de Urabá, en el Océano Atlántico.
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