Gestores individuales expiden permisos ilegales para conciertos, desviando regalías de creadores; municipios y empresarios son cómplices por omisión.
El fallo reciente de un juez contra el municipio de Cúcuta por la infracción a los derechos de autor, pone una vez más en alerta a los alcaldes y autoridades sobre los requisitos de ley para la ejecución de obras musicales en espectáculos públicos. La condena ratifica la invalidez de un paz y salvo emitido por la empresa Dínalo-Upidir de obras que representa legalmente la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco. ( Además: Capturan a Miguel Torres presunto asesino de líder Arhuaco )
En esta ocasión, aún en contra de la decisión de un juez, se permitió un concierto violando la propiedad intelectual y el derecho de los autores por la titularidad de las obras, por lo que el municipio deberá pagar una suma millonaria. “Llamamos a todas las autoridades del país de abstenerse de permitir la ejecución de obras musicales en espectáculos públicos sin que las licencias provengan de los verdaderos titulares”, advierte Ricardo Gómez Durán, Director Jurídico de Sayco, la entidad que representa a más de diez mil autores y compositores en el país.
En Colombia un gestor individual pueda cobrar de manera ilegal los derechos de autor en un espectáculo público para su beneficio, sin que su creador se entere. ¿Cómo es posible que esto ocurra si hay una reglamentación que protege los derechos de una obra? El problema sigue persistiendo sin que las autoridades logren controlar algo que perjudica a los autores y crea conflictos con las sociedades de gestión colectiva.
Un vacío legal y prácticas fraudulentas
Hay un debate en los últimos años entre las sociedades de gestión colectiva, entes reguladores, empresarios, autoridades municipales y los propios autores y compositores, mientras el fenómeno se presenta en varias regiones del país y aparecen nuevas organizaciones de gestores individuales tratando de apropiarse de recursos ajenos. El único control que tienen los gestores individuales es a través de acciones judiciales por parte de Sayco para proteger las obras que representa.
De acuerdo con Gómez Durán, esta irregularidad tiene origen en una sentencia de la Corte de 2004 que, en el intento de fortalecer la titularidad de los derechos en cabeza de su autor y la figura del gestor individual, terminó haciendo más compleja la gestión del mismo derecho. “Lo que hacen algunos gestores individuales es hacer una gestión colectiva impropia para adueñarse de los derechos de autor y licenciar el uso de obras que no representan, suplantando a las sociedades de gestión colectivas que administran más del 98 por ciento las obras musicales en el país”.
Es preciso aclarar que para disponer de una obra musical en público se debe contar con una licencia autorizada, pero una licencia de una sociedad de gestión colectiva, como Sayco, es distinta a la de un gestor individual y allí se presentan confusiones. “La ley le permite a Sayco no tener que detallar en dicha licencia los millones de obras que representa en todo el mundo, gracias a la ‘legitimación presunta’, mientras que el gestor individual, o titular del derecho, debe identificar en su licencia las obras que representa y los contratos con los titulares de esas obras”, explica el abogado Gómez Durán.
Búsqueda de soluciones y precedentes legales
Sin embargo, estas normas no se cumplen “por una mala interpretación de la ley y también por acuerdos ‘non santos’ entre los gestores individuales y autoridades municipales y policivas”. Existe también la creencia errónea de que solo se necesita un paz y salvo de derechos de autor para la ejecución de obras musicales, ya que la citada sentencia permite que las licencias no solo sean expedidas por Sayco sino por gestores individuales u otras modalidades de organizaciones.
“Cualquier persona que dice haber escrito una obra musical podría entonces licenciar a un bar o un concierto para difundir la música que quiera, porque según algunos lo único que exige el Código de Policía es un paz y salvo, y eso no es cierto”, explica Gómez Durán. Nadie puede licenciar obras que no sean de su titularidad, pero los gestores individuales lo hacen amparados en este equívoco. Otro factor que facilita la labor fraudulenta del gestor individual es el bajo costo que exige, comparado con el de la sociedad de gestión colectiva, y la razón es que el gestor no retribuirá ese dinero al autor, sino que se lo apropiará.
Al respecto, Carolina Romero, directora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, afirma que “algunos gestores individuales obedecen lo establecido y otros eluden las obligaciones jurídicas, dando lugar a que se presenten serios problemas con la representación de los titulares de las obras, y para lo cual la entidad busca establecer barreras legales”, como una ley de derechos de autor que permita sancionar a los gestores individuales que no cumplan con las normas.
Un llamado urgente a las autoridades locales
Por su parte, Sayco hace advertencias públicas a las autoridades municipales y gestores individuales sobre la emisión de licencias que violan el régimen de protección de derechos de autor, aunque en muchos casos se desatienden dichas obligaciones, como sucedió en 2017 en las Fiestas de Villa del Rosario, Norte de Santander, en la que un juzgado sancionó a la organización Dínalo-Upidir a retornar el dinero recaudado indebidamente, y así Sayco pudo distribuirlo a sus verdaderos autores y dueños.
Las empresas Anaicol y Angedaycol, que operan de manera conjunta, también han sido condenadas por la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar 400 millones de pesos por licenciar obras que no representan. Gómez Durán aclara que “no todos los gestores individuales están violando la ley, ya que tienen todo el derecho de representar a los titulares de las obras bajo autorización, pero lo que no es legal es emitir una licencia irregular, recaudar dinero y quedarse con él”.
Además de los procesos judiciales mencionados, “Sayco ha venido implementando desde 2018 una acción de manera inmediata, como las medidas cautelares, cuando los empresarios no quieran cancelarle a Sayco o lo hayan hecho a un gestor individual, lo cual permite suspender la ejecución de las obras que Sayco representa legalmente hasta tanto no se emita la licencia pertinente”, agrega Gómez Durán.
Colombia debe elegir entre cultura y corrupción
En estos momentos, “Sayco no solo está demandando al municipio que omite la norma y autoriza el espectáculo, sino al empresario que contrata el paz y salvo y al gestor individual que lo emite”, enfatiza el Director Jurídico de Sayco. Ya hay acciones en trámite en Casanare, Neiva, La Guajira, Huila, Tolima, Santanderes y otras regiones. Los gestores individuales suelen tener oficinas en municipios pequeños, en donde difunden información falsa sobre las normas de derecho de autor a través de la voz a voz y emisoras de radio para confundir a las autoridades locales y empresarios.
Sayco exhorta una vez más a las alcaldías a que hagan la validación de los requisitos establecidos en la Ley 1493 de 2011 para la autorización de espectáculos públicos, los cuales incluyen, entre otros, la revisión de la documentación pertinente y el cumplimiento de las normativas relacionadas con derechos de autor y seguridad pública.
La oficina jurídica de Sayco, con el fin de proteger a sus socios autores y compositores, está estudiando varias alternativas para frenar el actuar impropio de algunos gestores individuales. Se analizan varias estrategias, como un proyecto de ley que permita que ciertos derechos de comunicación pública se manejen de manera exclusiva por la gestión colectiva, para detener el ‘cáncer’ que carcome los cimientos de los sagrados derechos de autor en Colombia.
Por: Uriel Ariza-Urbina
