Justicia transicional acusa a cinco exmiembros como máximos responsables de secuestros y crímenes de guerra en la Costa Norte.
En una rueda de prensa que tuvo lugar en Valledupar, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, anunció una decisión crucial. Anunció la imputación de cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP. La JEP los señala como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los hechos por los que se les imputa los perpetraron en la Costa Norte de Colombia durante el conflicto armado. ( Además: Fumata negra: Cónclave Vaticano sin Papa aún )
Los cinco exintegrantes del Bloque Caribe han recibido la acusación formal por parte de la JEP por su presunta responsabilidad en graves crímenes. La justicia transicional los llama a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes que cometieron contra las personas cautivas. Estos delitos se enmarcan en crímenes de guerra y de lesa humanidad, dada su gravedad y sistematicidad en la Costa Norte de Colombia.
Los procesados en este caso son Abelardo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero; Gilberto de Jesús Giraldo; Luis Cuadras Mejía, alias Leonardo Guerra; y Uriel Oviedo Salgado, alias Manuel Ortiz o Mañe. Este último fue comandante de frentes 35 y unidades del Frente 37. Los cinco comparecientes imputados fueron miembros del Estado Mayor del Bloque Caribe, el órgano de mayor jerarquía dentro de esa estructura después del Secretariado de las Farc-EP, lo que señala su alto nivel de responsabilidad.
Participación en 827 secuestros en la región
La JEP señala a estos cinco exintegrantes del Bloque Caribe por su participación directa en un elevado número de secuestros. Las investigaciones de la justicia transicional han documentado al menos 827 secuestros atribuidos a esta estructura, tanto individuales como colectivos. Estos secuestros constituyen una parte fundamental de los crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que la JEP los ha imputado formalmente ante la justicia colombiana.
Entre las víctimas de los crímenes perpetrados por el Bloque Caribe de las Farc en la Costa Norte de Colombia se encuentran diversos sectores de la población. Figuran ganaderos y comerciantes de la región, afectados por el secuestro y otros delitos. También se cuentan víctimas de alto perfil como la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, y el exministro Fernando Araújo Perdomo, quien sufrió un largo cautiverio de más de seis años antes de lograr fugarse.
La magistrada Julieta Lemaitre detalló la naturaleza de los crímenes cometidos contra las personas que las Farc mantenían cautivas. La JEP llama a estos comparecientes a reconocer responsabilidad ante la justicia por el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes que cometieron contra las personas secuestradas, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, así como violencia sexual, perpetrados durante el tiempo que estuvieron en cautiverio bajo el control del Bloque Caribe.
Uso de las víctimas para obtener beneficios
De acuerdo con lo que reveló la JEP durante la audiencia en Valledupar, utilizaban a las víctimas de secuestro de diversas maneras. Buscaban obtener dinero a través de extorsiones o el pago de rescates millonarios. También las usaban para forzar intercambios por guerrilleros que se encontraban presos en cárceles del Estado, o para ejercer control territorial en las zonas donde operaba el Bloque Caribe de las Farc, sometiendo a la población civil.
Un caso emblemático incluido en esta investigación de la JEP es el secuestro de Consuelo Araújo Noguera. El 24 de septiembre de 2001, la exministra se dirigía desde Valledupar hacia el corregimiento de Patillal para participar en una actividad religiosa. En ese trayecto, las Farc la secuestraron, reteniéndola en un retén ilegal que habían instalado en la vía, lo que interrumpió abruptamente su camino y dio inicio a su cautiverio bajo el poder del grupo guerrillero.
Sobre la muerte de Consuelo Araújo Noguera, la magistrada Julieta Lemaitre manifestó detalles reveladores proporcionados por la investigación. Indicó que el atentado en el retén de las Farc no estaba dirigido específicamente a ella. Fue una casualidad desafortunada que cayera en el control ilegal del grupo armado. La intención inicial de las Farc, según Lemaitre, no era asesinarla; sin embargo, debido a la persecución militar posterior, uno de los guerrilleros la mató en medio de la confrontación con las fuerzas del Estado, lo que resultó en su trágico fallecimiento.
Inconformidad del hijo de Consuelo Araújo
Frente a las revelaciones sobre el crimen de su madre, su hijo Andrés Molina expresó públicamente su inconformidad con el retraso que ha tenido el proceso judicial en la JEP, a pesar de los avances. Señaló que, aunque se ha logrado documentar y acusar a los responsables, la justicia no ha logrado esclarecer completamente la verdad detallada sobre el secuestro y asesinato de su madre Consuelo Araújo, casi 24 años después de que ocurrieron los trágicos hechos cerca de Valledupar.
En su declaración, Andrés Molina enfatizó un mensaje claro en nombre de la familia Araújo Noguera. Subrayó que no buscan venganza ni compensación económica por lo sucedido a Consuelo Araújo. Su único y firme objetivo es la justicia plena y el esclarecimiento total de la verdad detrás del secuestro y asesinato de su madre. También criticó las versiones oficiales que se han manejado a lo largo del tiempo sobre los hechos que rodearon el crimen, pidiendo mayor transparencia y acceso a la verdad completa.
Plazo de 30 días para aceptar o
rechazar los cargos de la JEP
Los cinco excomandantes del Bloque Caribe imputados por la JEP tienen ahora un plazo de 30 días calendario para aceptar o rechazar formalmente los cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad que la justicia transicional les ha formulado. Durante este periodo, pueden optar por admitir las imputaciones presentadas por la JEP, o, por el contrario, presentar pruebas y argumentos que busquen demostrar su defensa y refutar las acusaciones en su contra en este proceso judicial.
La JEP también informó que, a pesar de encontrarse en libertad actualmente, los cinco exintegrantes del Estado Mayor del Bloque Caribe imputados deben cumplir con un estricto régimen de condicionalidad establecido por la justicia transicional. Esto implica su participación activa y obligatoria en el proceso de reincorporación a la vida civil y restricciones importantes a su libertad, como la prohibición de salir del país sin el permiso expreso de la JEP, garantizando su sujeción al sistema judicial.
Posibles sanciones si niegan responsabilidad ante la JEP
Si los excomandantes del Bloque Caribe imputados por la JEP niegan su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad que se les atribuyen, podrían enfrentar sanciones más severas. En caso de ser hallados responsables tras un juicio contradictorio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión ordinaria, según los parámetros establecidos por el sistema transicional en Colombia. Este sistema busca un equilibrio entre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes cometidos durante el conflicto.
La imputación de la JEP a exmiembros del Bloque Caribe por secuestros y crímenes de guerra, incluyendo el caso de Consuelo Araújo, marca un paso importante en la justicia transicional, aunque el camino hacia el esclarecimiento total de la verdad y la satisfacción de las víctimas continúa.
Fuente informativa:- Cacica Estéreo
