José Amiro Morón Núñez fue hallado responsable de mover votantes en 2015; la pena y domiciliaria se definirán al quedar firme el fallo.
Un juez penal municipal con funciones de control de garantías de Villanueva, La Guajira, profirió una sentencia condenatoria en contra de José Amiro Morón Núñez, exalcalde del municipio de La Jagua del Pilar, en el mismo departamento. El fallo, emitido este 25 de abril, lo encontró responsable del delito de fraude en inscripción de cédulas en el proceso electoral de 2015. (También lea: Extraditan a ee.uu. a alias ‘Toyota’, uno de los más buscados )
Según la sentencia, el despacho judicial declaró culpable a Morón Núñez de “lograr que personas habilitadas para votar inscribieran su cédula de ciudadanía en un municipio diferente al de su residencia o nacimiento”. De acuerdo con el fallo, esto se realizó a cambio de incentivos económicos y promesas de beneficios laborales y educativos, con el claro propósito de consolidar su victoria en las elecciones locales de 2015.
El juzgado de Villanueva detalló en su fallo que “durante los años 2014-2015 se constituyó una organización criminal integrada por funcionarios y particulares que orquestaron una campaña política plagada de irregularidades”. La sentencia señala que el hoy condenado participó activamente en esta organización y sus actividades ilícitas.
El fallo destacó que se alteró el censo electoral mediante el traslado masivo de jóvenes de municipios vecinos como Valledupar, Villanueva y Urumita, inscritos de manera fraudulenta en el censo electoral de La Jagua del Pilar.
Testimonios sobre incentivos
De acuerdo con los testimonios recogidos durante el juicio, “a los votantes trasladados les ofrecían sumas de dinero que oscilaban entre 100.000 y 200.000 pesos”. Además de dinero, se les prometían becas y contratos laborales. Varios testigos que declararon en estrados judiciales narraron cómo fueron incentivados para cambiar su lugar de votación a La Jagua del Pilar.
La Fiscalía General de la Nación logró demostrar, a través de múltiples testimonios y pruebas documentales presentadas en juicio, que “el entonces secretario de Hacienda municipal, José Amiro Morón Núñez, lideró y coordinó directamente la estrategia de trashumancia electoral”. La entidad acusadora sostuvo que esta estrategia permitió la elección de Morón Núñez como alcalde para el período administrativo 2016-2019.
En su defensa, Morón Núñez argumentó que “no había participado dolosamente en tales actividades y que las irregularidades fueron responsabilidad de terceros”. Sin embargo, el juzgado consideró que la prueba presentada por la Fiscalía fue “contundente, uniforme y coherente”, lo que, a su juicio, fue suficiente para derruir su presunción de inocencia y demostrar su culpabilidad.
Delito que permitió la condena
El despacho judicial explicó que, si bien otros delitos inicialmente investigados en el marco de esta red criminal, como concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante, prescribieron legalmente con el paso del tiempo, el cargo por fraude en inscripción de cédulas “se mantuvo vigente” y permitió que se dictara la sentencia condenatoria en su contra.
Durante la audiencia de individualización de la pena, la Fiscalía solicitó al juez que impusiera una condena que se ubicara en el segundo cuarto de la escala punitiva para el delito. Por su parte, la defensa de Morón Núñez pidió al juzgado “imponer la pena mínima” establecida por la ley y solicitó que se le concediera el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando el arraigo del exalcalde en la comunidad y su condición de infractor primario (no tener antecedentes judiciales previos).
Finalmente, el juzgado ratificó que “José Amiro Morón Núñez, actuando en su condición de servidor público, diseñó y ejecutó un esquema criminal para alterar la voluntad popular mediante la inscripción fraudulenta de votantes”. El despacho judicial consideró que esta conducta constituye un grave atentado contra los mecanismos democráticos del país. La pena específica impuesta a Morón Núñez y la decisión final sobre su solicitud de prisión domiciliaria quedarán en firme una vez que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, cuando se agoten los recursos de apelación o se cumplan los plazos legales para interponerlos.
Fuente informativa:- Semana
