La iniciativa busca juzgar a menores de edad como adultos en casos de delitos graves, tras el atentado al senador Miguel Uribe Turbay.
La congresista Piedad Correal, del partido Liberal, anunció este lunes en sesión de la Cámara de Representantes que presentará un proyecto de ley para reducir la edad penal en Colombia de 18 a 14 años. La iniciativa surge en respuesta al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, y en el que el presunto autor es un menor de 15 años. ( Además: Seismo de 6.5 en Cundinamarca deja daños y heridos )
Durante un acto simbólico de solidaridad con Uribe Turbay, Correal afirmó: “No más homicidios y terrorismo cometidos por menores de edad en este país”. La propuesta pretende modificar el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia para que los jóvenes entre 14 y 17 años enfrenten juicios como adultos en casos de homicidio, terrorismo, secuestro y abuso sexual. El proyecto será radicado el 20 de julio , cuando el Congreso reanude sesiones ordinarias.
Correal justificó la medida argumentando que la legislación actual facilita que organizaciones criminales recluten adolescentes con la certeza de que no enfrentarán sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. “Los menores son utilizados como herramientas de violencia por estructuras ilegales”, sostuvo, destacando la necesidad de ajustar el marco legal para disuadir estos patrones.
Debate sobre justicia juvenil y derechos humanos
La propuesta cuenta con apoyo de sectores políticos que exigen respuestas urgentes a la violencia juvenil, especialmente en contextos urbanos donde grupos armados han incrementado su presencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores han advertido sobre los riesgos de endurecer la política penal sin abordar factores como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades que impulsan a los jóvenes hacia el crimen.
La iniciativa ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos respaldan la medida como una forma de disuadir el uso de menores en actividades delictivas, expertos en derechos humanos y políticas sociales cuestionan su eficacia. Señalan que el sistema de responsabilización para adolescentes debe priorizar la reinserción y la educación , no solo la represión.
Organizaciones como la Defensoría Pública y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) han expresado preocupación por el enfoque punitivo, recordando que Colombia enfrenta altos índices de desigualdad y violencia estructural, factores que influyen en la participación de menores en hechos criminales. “La solución no es judicializar, sino garantizar acceso a educación y empleo”, aseguró un especialista en infancia.
Fuente informativa:- La Razón
