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viernes, 20 septiembre, 2024

    Procuraduría pide iniciar cuanto antes la extradición de Aída Merlano desde Venezuela

    El órgano de control pidió extraditar y condenar a la excongresista por violar los límites de gastos en su campaña al Senado para 2018.

    Procuraduría pide que extradición de Aída Merlano se tramite rápido
    Captura de pantalla W Radio

    Nuevo capítulo de la novela judicial que protagoniza la prófuga Merlano. Este martes, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que solicite en extradición a la excongresista —desde Venezuela— y la condene en Colombia.

    Aída Merlano, que permanece en una cárcel del país vecino gozando de diferentes beneficios autorizados por Nicolás Maduro, ya había sido pedida en extradición en 2020. En ese entonces, el gobierno de Iván Duque le hizo la solicitud a Juan Guaidó y, claramente, este no pudo hacer nada para llevarla a Colombia.

    Luego de que perdiera la oportunidad de entregar las supuestas pruebas que dijo tener contra el expresidente Duque, por supuestamente recibir dinero de Julio Gerlein para financiar su campaña en las elecciones de 2018, la entidad que dirige Margarita Cabello solicitó su extradición desde Venezuela.

    Aída Merlano: piden su extradición

    A través de un concepto rendido ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, el órgano de control requirió, además, que la Corte inicie los trámites para solicitar su extradición desde Venezuela, toda vez que se ha verificado que se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para tal procedimiento.

    En audiencia pública, el Ministerio Público señaló que en desarrollo de la investigación se determinó que la campaña de Merlano recibió más de 8.300 millones de pesos, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de 884 millones.

    En tal sentido, la Procuraduría solicitó condenar a la excongresista, quien era representante a la Cámara para la fecha en que ocurrieron los hechos, por el delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales, que contempla una pena de cuatro a ocho años. 

    Esta nota la puede encontrar en pulzo.com

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