El reproche lo hizo la Corte Constitucional sobre la vulneración de derechos humanos que sufre la población privada de la libertad desde hace 100 años.
El Gobierno de Gustavo Petro tiene uno de los retos más grandes en materia de crisis carcelaria. El ministro de justicia, Néstor Ozuna, ha dicho en varias ocasiones que la intención es resocializar a las personas privadas de la libertad, garantizar los derechos de los presos y mejorar las condiciones en las cárceles del país, que alcanzan un hacinamiento de más del 20 %.
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Recientemente, la Corte Constitucional llamó la atención sobre los centros de detención transitorios, Unidad de Reacción Inmediata y estaciones de policía por violación masiva de derechos humanos. Durante este año declaró el estado de cosas inconstitucional que se suma al decretado en 1998, y que reiteraron en 2012 y 2015.
El alto tribunal con el fin de superar la crisis carcelaria citó a una audiencia pública en la que se esperaba que hiciera presencia parte del gabinete ministerial del presidente Petro. No obstante, la sorpresa se la llevó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien presidía la diligencia, se encontró con que ningún funcionario de alto rango asistiría.
La intención del alto tribunal era indagar cuál es el papel que cumple cada entidad y como buscan superar la crisis carcelaria. Sin embargo, se quedó con respuestas cortas por parte del nuevo Gobierno:
“Hemos invitado a los señores ministros del ramo, al ministro de Hacienda, al ministro de Justicia, al director del DAPRE, al fiscal general, a la procuradora, al Defensor y al Contralor y a otros funcionarios. Empero, y lo digo con mucha desazón, casi ninguno de esos funcionarios se va a hacer presente en esta Sala, lo cual considera esta Sala que constituye una grave afrenta para tratar de resolver esta situación”, lamentó Ibáñez.
El descontento del magistrado Ibáñez continuó al mencionar que las autoridades saben que existe una violación masiva de derechos humanos para la población privada de la libertad y no hacen nada para superar la situación. “Lo grave es permanecer en esa situación. Llevamos más de un siglo con esa situación. Tenemos un tiempo largo e irrazonable con un estado de cosas inconstitucional. El propósito es trabajar con las autoridades y exigir de ellas el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad”, resaltó el magistrado.
Para el magistrado, la crisis carcelaria, según las cifras y las manifestaciones hechas durante varios años por la población privada de la libertad, es un problema grave que exige acciones inmediatas por parte de las autoridades, pero no están para atender la situación. “Hay personas que van a concurrir a esta audiencia que no tienen nada que ver con la actividad misional que van a representar, porque trabajan en otras áreas de apoyo dentro del ministerio y por eso no es mucho que puedan decir”, explicó.
Ibáñez llamó la atención sobre la situación porque la deuda del Estado con la población carcelaria no es una deuda de hace un par de años. Según sus análisis, Colombia padece esa crisis desde hace más de 100 años, y hasta 1998, la Corte pudo definir que había una violación masiva de derechos humanos por cuenta del hacinamiento, la falta de infraestructura, el estado de la comida y las condiciones en las que viven al interior de los centros de detención.
“Las autoridades a sabiendas de la situación tan grave no toman cartas en el asunto porque les parece que esto es de segunda categoría con lo cual pueden enviar a personas que ni siquiera tienen a su cargo la competencia misional para que puedan llevar la vocería”, dijo el magistrado en su llamado de atención a los funcionarios del nuevo Gobierno que han mencionado que uno de sus planes bandera es superar las crisis en las cárceles.
En medio de la diligencia se llamó la atención en que actualmente las cárceles del país tienen una sobrepoblación del 20 % teniendo más de 98 mil personas privadas de la libertad cuando solo se tiene espacio para 81 mil. El magistrado resaltó que si bien hay centros carcelarios con hacinamiento que no supera el 20 %, hay otros como el de Itaguí y La Guajira que superan los 200 %.
Los funcionarios públicos que asistieron a la diligencia le dieron la razón al magistrado respecto de la crisis carcelaria. Consideraron como preocupante que una vez más de haya declarado el estado de cosas inconstitucional. Con base en ello, explicaron que en diciembre pretenden llevar al legislativo un proyecto de ley que busca promover una política criminal restaurativa y humana que permita superar la violación masiva de derechos humanos.
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