Las autoridades judiciales en cambio, exhortan a la Gobernación y Alcaldía a utilizar los recursos enviados por Mineducación para mejorar la infraestructura de los colegios.
El pasado 4 de agosto, el equipo periodístico de Seguimiento.co tuvo acceso a los documentos jurídicos que sustentaron 71 tutelas presentadas por padres de familias de distintos centros educativos, privados y públicos de la ciudad de Santa Marta, para impedir el proceso de retorno a las clases presenciales que se surtían en contadísimos colegios de la ciudad.
Esta situación tomó por sorpresa a directivos de las instituciones que todavía se mantenían con clases remotas, y que además ratificaron que dadas las condiciones para la presencialidad, sería una decisión autónoma de cada padre de familia que no era bajo ningún concepto de tipo obligatoria.
Sumado a esta situación, Seguimiento.co también registró las denuncias de otros padres de familia que denunciaron que las acciones en contra de la presencialidad obedecían a ‘mandados’ políticos para respaldar al gobernador Carlos Caicedo. Señalamientos sustentados en que en parte de estas instituciones quienes interpusieron las acciones de tutela están ligados laboralmente a las entidades territoriales de Santa Marta y el Magdalena.
La ‘tutelatón’, caracterizada por tutelas casi idénticas fueron compiladas ante la jueza Eliana Milena Cantillo, adscrita al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta.
Y es hoy esa funcionaria, quien emite un fallo de primera instancia donde declara improcedentes las tutelas presentadas en contra de la presencialidad en 71 colegios públicos y privados de la ciudad.
En su fallo de primera instancia, incluso critica la forma casi artesanal de las tutelas, mencionando que “se recrimina a los actores la escueta presentación de las acciones, con un mínimo de información, carente de pruebas, en formatos con espacios llegados a mano y con nombres de hijos y colegios a veces ilegibles”.
En ese sentido, muy por el contrario a las pretensiones de los accionantes, exhorta a las Secretarías de Educación Distrital y Departamental, para que “desarrollen las obras de infraestructura que sean indispensables para mejorar las condiciones de salubridad y bioseguridad. Lo que incluye garantizar el suministro de agua potable, adecuación de las baterías sanitarias, especialmente de lavamanos externos para el uso de la población educativa y entrega de elementos de protección personal requerido para impartir las clases presenciales e insumos de aseo para la constante limpieza y desinfección que se estipula en los protocolos de bioseguridad”.
Recomendaciones que harían eco a las respuestas presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, que ante las tutelas recordó los millonarios dineros enviados a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta, para que iniciaran acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa.
Y que incluso, en voz de la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, María Ceballos, estarían en orden de los $1.800 millones para el Magdalena y más de $3.000 para Santa Marta.
Siendo así, por lo menos con este primer fallo se estaría dando vía libre a que instituciones públicas y privadas de la ciudad inicien la ejecutoría de sus planes de retorno a clases presenciales.
Fuente informativa:
seguimiento
VANESSA REDONDO PEÑA
